En un desgarrador panorama de corrupción y abuso de poder, miles de hectáreas de tierras estatales en el departamento de Alto Paraná están siendo usurpadas por empresarios inescrupulosos con la complicidad de funcionarios corruptos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Las revelaciones del experimentado topógrafo Benjamín Marecos pintan un cuadro desolador de títulos falsos y superposiciones que permiten a estos individuos apoderarse ilegalmente de las propiedades, incluso, accediendo a millonarios créditos bancarios sobre la base de documentos apócrifos.
Marecos explica que el desorden jurídico creado por esta mafia de la tierra resulta en una confusión total, con superposiciones de títulos legítimos y falsos que crean un caos legal. Miles de hectáreas de origen dudoso nunca han sido recuperadas debido a esta situación, dejando a los verdaderos propietarios en una posición desfavorable frente a los usurpadores respaldados por documentos falsificados.
Un ejemplo espeluznante es el caso de una finca entregada judicialmente al INDERT en el 2014, que ahora aparece en parte a nombre de una empresa ficticia, denominada Agro KLM S.A. La complicidad de funcionarios públicos, tanto del ente agrario como de otras instituciones, como Catastro y Registros Públicos, es evidente en este esquema corrupto que permite a los supuestos propietarios hacerse con tierras estatales de manera fraudulenta.
El caso de la finca K06/3463 es elocuente; en el 2014 fue entregada judicialmente al INDERT, pero hoy aparece en parte a nombre de Agro KLM S.A. Además, varios brasileños aparecen con parcelas menores dentro de la misma finca violando así la ley de la seguridad fronteriza. Esta firma se habría creado exclusivamente para usurpar la tierra del Estado, violando todo marco legal, lógicamente, mediante la complicidad de los funcionarios públicos que cobran millonarias coimas para permitir este tipo de irregularidades.
Los responsables de asesoría jurídica del INDERT jamás promovieron alguna acción para recuperar estas extensas parcelas, como es de esperarse, pues también tendrían su “comisión” en cada cosecha de soja. Un grupo de sintierras manifestó que intenta recuperar la propiedad, pero que desde el INDERT ponen trabas, atendiendo a que sería el principal negocio de los funcionarios de la institución.
La negligencia de las autoridades y la supuesta participación de los asesores jurídicos del INDERT en este esquema ilícito solo alimentan las sospechas de que estos funcionarios están más interesados en llenar sus propios bolsillos que en proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos. Mientras tanto, las tierras usurpadas están siendo explotadas para la producción de soja, generando enormes ganancias para los usurpadores y los funcionarios corruptos.
El presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, enfrenta serias acusaciones de complicidad y negligencia en la protección de los activos estatales. Mientras tanto, aquellos que intentan recuperar las tierras legítimamente se enfrentan a obstáculos y resistencia por parte de la propia institución encargada de proteger sus derechos.
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
Este escandaloso caso de corrupción pone de manifiesto la urgente necesidad de una investigación exhaustiva y acciones contundentes para detener esta ola de usurpación de tierras y responsabilizar a los culpables ante la ley. La situación no solo afecta a los propietarios legítimos de la tierra, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas y obstaculiza el desarrollo económico y social de la región.
Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para combatir la corrupción y garantizar la protección de los recursos del Estado para el beneficio de todos los ciudadanos. La impunidad no puede ser tolerada, y aquellos que se benefician ilegalmente a expensas del pueblo paraguayo deben rendir cuentas por sus acciones. Solo mediante el fortalecimiento del estado de derecho y el combate decidido contra la corrupción se podrá restaurar la confianza en las instituciones públicas, como el INDERT, Catastro, Registros Públicos y otros que deben acabar con este “carnaval” de venta de las tierras públicas.
